Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia.
Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado “Pensiones en Conflicto”, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo “Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Y editoriales semejantes se han escrito en LA VANGUARDIA, EL PERIÓDICO, EL MUNDO, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país.
La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo.
Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras.
El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer Gobierno Zapatero), publicado en la revista PANORAMA SOCIAL de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de EL PAÍS, titulado entonces (12.02.07) “Augurio de crisis”.
Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos.
NO CONOCEN CÓMO SE CALCULA LA ESPERANZA DE VIDA
En todos estos informes se asume erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula.
Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito.
Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así. Quiero aclarar que cuando digo no es cierto, no quiero decir que estén mintiendo. Para mentir hay que saber la verdad. Y es obvio que no la conocen. Son ignorantes, no mentirosos. No saben cómo se calcula la esperanza de vida e interpretan mal su significado.
NO CONOCEN CÓMO SE CALCULA LA ESPERANZA DE VIDA
En todos estos informes se asume erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula.
Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito.
Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así. Quiero aclarar que cuando digo no es cierto, no quiero decir que estén mintiendo. Para mentir hay que saber la verdad. Y es obvio que no la conocen. Son ignorantes, no mentirosos. No saben cómo se calcula la esperanza de vida e interpretan mal su significado.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
LOS PROMEDIOS NO SON SENSIBLES A LAS DIFERENCIAS POR CLASES
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio. Tenga en cuenta el lector que una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes.
Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece.
Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años.
La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
EL ERROR DEL ARGUMENTO ALARMISTA: EL CRECIMIENTO DEL PORCENTAJE DE PIB GASTADO EN PENSIONES ES EXCESIVO
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe Taguas y en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista.
El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6.
Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007.
Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces.
EL MINISTRO CORBACHO Y EL SECRETARIO GENERAL OCTAVIO GRANADOS LLEVAN RAZÓN
Quisiera señalar que estos errores son mayores. Si los hace un estudiante en el programa de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra que yo dirijo, se le suspende. Pues bien, grandes instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea los cometen y tienen una gran resonancia, convirtiéndose inmediatamente en dogmas de la nueva sabiduría convencional liberal.
El problema es que, como cualquier dogma, se reproduce más por fe (la fe en la doctrina liberal) que no en la evidencia científica. El Sr. Almunia, el Sr. Fernández Ordóñez, el Banco de España, el BBVA, la Comisión Europea, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, o el ABC están equivocados, y el Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo y el Sr. Octavio Granados (que han negado que la Seguridad Social esté en peligro), llevan razón. No hay un problema grave de viabilidad en el sistema de pensiones en España, lo cual no quiere decir que no haga falta hacer cambios (como la flexibilización voluntaria en la edad de jubilación) que mejoren no sólo las cuentas sino la equidad del sistema. Pero, entre estos cambios, no debieran incluirse los sugeridos por la sabiduría convencional liberal que ha mostrado ser lo que es: la mera defensa de intereses de clase.
La causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años no ha sido tanto el intento de retrasar tal edad legal, sino la de retrasar la edad real de jubilación, edad que en España es ya, 62,5 años, la más alta existente en la UE. Lo que debe hacerse es precisamente acercar la real a la legal, imposibilitando la práctica generalizada del mundo empresarial de utilizar las prejubilaciones como mecanismo de reducir las plantillas, hecho que afecta negativamente el tamaño de las pensiones de las personas prejubiladas.
Este debiera ser el centro del debate sobre las pensiones; la utilización por el mundo empresarial (incluido en un lugar destacado la banca, la mayor promotora de que se recorten las pensiones en España) de la temprana jubilación como manera de aumentar sus beneficios. El hecho de que los medios de información y persuasión estén enfatizando lo primero –la reducción de las pensiones- y no lo segundo –el perjuicio que se hace a los trabajadores para mejorar los beneficios de empresarios- es un indicador más de que ciertos grupos y clases sociales en España tienen una influencia dominante en tales medios de persuasión.
Una última observación. Voces críticas tienen escasa accesibilidad a tales medios. De ahí que le ruego al lector que me ayude a distribuir ampliamente este artículo para que la población conozca que lo que se le dice por aquellos medios no se basa en evidencia empírica, sino en mera ideología, la ideología liberal que asfixia a nuestro país y domina el debate, dominio que se explica no por la fortaleza de los argumentos (que es muy floja y fácilmente demostrable que es errónea) sino por las enormes cajas de resonancia que tales voces tienen en unos forums que se caracterizan por su escasa diversidad en los puntos de vista expuestos. La democracia en España es muy, muy limitada. Y el debate sobre las pensiones lo demuestra.
LOS PROMEDIOS NO SON SENSIBLES A LAS DIFERENCIAS POR CLASES
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio. Tenga en cuenta el lector que una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes.
Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece.
Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años.
La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
EL ERROR DEL ARGUMENTO ALARMISTA: EL CRECIMIENTO DEL PORCENTAJE DE PIB GASTADO EN PENSIONES ES EXCESIVO
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe Taguas y en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista.
El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6.
Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007.
Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces.
EL MINISTRO CORBACHO Y EL SECRETARIO GENERAL OCTAVIO GRANADOS LLEVAN RAZÓN
Quisiera señalar que estos errores son mayores. Si los hace un estudiante en el programa de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra que yo dirijo, se le suspende. Pues bien, grandes instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea los cometen y tienen una gran resonancia, convirtiéndose inmediatamente en dogmas de la nueva sabiduría convencional liberal.
El problema es que, como cualquier dogma, se reproduce más por fe (la fe en la doctrina liberal) que no en la evidencia científica. El Sr. Almunia, el Sr. Fernández Ordóñez, el Banco de España, el BBVA, la Comisión Europea, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, o el ABC están equivocados, y el Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo y el Sr. Octavio Granados (que han negado que la Seguridad Social esté en peligro), llevan razón. No hay un problema grave de viabilidad en el sistema de pensiones en España, lo cual no quiere decir que no haga falta hacer cambios (como la flexibilización voluntaria en la edad de jubilación) que mejoren no sólo las cuentas sino la equidad del sistema. Pero, entre estos cambios, no debieran incluirse los sugeridos por la sabiduría convencional liberal que ha mostrado ser lo que es: la mera defensa de intereses de clase.
La causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años no ha sido tanto el intento de retrasar tal edad legal, sino la de retrasar la edad real de jubilación, edad que en España es ya, 62,5 años, la más alta existente en la UE. Lo que debe hacerse es precisamente acercar la real a la legal, imposibilitando la práctica generalizada del mundo empresarial de utilizar las prejubilaciones como mecanismo de reducir las plantillas, hecho que afecta negativamente el tamaño de las pensiones de las personas prejubiladas.
Este debiera ser el centro del debate sobre las pensiones; la utilización por el mundo empresarial (incluido en un lugar destacado la banca, la mayor promotora de que se recorten las pensiones en España) de la temprana jubilación como manera de aumentar sus beneficios. El hecho de que los medios de información y persuasión estén enfatizando lo primero –la reducción de las pensiones- y no lo segundo –el perjuicio que se hace a los trabajadores para mejorar los beneficios de empresarios- es un indicador más de que ciertos grupos y clases sociales en España tienen una influencia dominante en tales medios de persuasión.
Una última observación. Voces críticas tienen escasa accesibilidad a tales medios. De ahí que le ruego al lector que me ayude a distribuir ampliamente este artículo para que la población conozca que lo que se le dice por aquellos medios no se basa en evidencia empírica, sino en mera ideología, la ideología liberal que asfixia a nuestro país y domina el debate, dominio que se explica no por la fortaleza de los argumentos (que es muy floja y fácilmente demostrable que es errónea) sino por las enormes cajas de resonancia que tales voces tienen en unos forums que se caracterizan por su escasa diversidad en los puntos de vista expuestos. La democracia en España es muy, muy limitada. Y el debate sobre las pensiones lo demuestra.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University.
Tuvo que exiliarse de España por razones políticas. Ha vivido y trabajado en Suecia (Upsala), Gran Bretaña (London School and Economics, Oxford y Edimburgo) y en EEUU (The Johns Hopkins University) donde ha sido Catedrático de Políticas Públicas y Ciencias Políticas. Fue propuesto como Catedrático Extraordinario de Economía Aplicada por la Universidad Complutensede Madrid y se integró a la vida académica catalana como Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y más tarde como Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra donde dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales patrocinado junto con The Johns Hopkins University, en el que continúa siendo profesor. Ha asesorado a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a muchos gobiernos incluyendo: el gobierno de Unidad Popular de Chile, el gobierno cubano (en su reforma sanitaria), el gobierno socialdemócrata sueco, el gobierno socialista español, los gobiernos tripartitos y “d’entesa” catalanes, así como al gobierno federal de EEUU, habiendo sido miembro del grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria la Casa Blanca dirigida por Hillary Clinton. Sus áreas de investigación son: Economia Política, Estado de Bienestar y Estudios Políticos.
Por cortesia de Patricia
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